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Después del atentado

Las primeras reacciones después del atentado son unánimemente contundentes. Los políticos de las distintas formaciones, nacionalistas y no nacionalistas con la misma y desolada gestualidad, desfilan por los micrófonos destacando la vileza del acto, señalando la falta de representatividad de los etarras y reclamando su desaparición. Hasta los batasunos, con cara de circunstancias, lamentan, sin condenar, un rebrote más del infinito conflicto. Sin embargo, pasada la conmoción, las posiciones se disgregan y cada partido acaba mostrando, más allá de la razón, donde tiene el corazón.

Desde los sectores próximos a la banda se empieza a denunciar irregularidades, cuando no torturas, en las detencionesincomunicaciones. Luego se pone el foco en la dispersión de los presos, sus enfermedades o sus retenciones más allá del cumplimiento de la condena. De ahí pasamos a los excesos en las penas por kale borroka, mucho mayores que una gamberrada equivalente. Y así llegamos a los macrojuicios e ilegalizaciones donde ya se pone en cuestión el sistema judicial en su conjunto. Así, quince días después del asesinato de los guardias civiles, las aguas mediáticas del nacionalismo vasco han vuelto a su cauce y destacan la serie ininterrumpida de abusos policiales o de errores procesales que afecta desde los etarras hasta al propio lehendakari. Lo queramos o no el relato más repetido en este país no cuenta la historia de una víctima injustamente asesinada sino la de la larga desposesión de un pueblo y las injusticias que lo mantienen oprimido.

Es evidente que la lucha antiterrorista debe llevarse de manera irreprochable. De lo contrario, además de vulnerar los derechos humanos, se proporciona argumentos a quienes sacan más réditos explicando las miserias de la represión que las ventajas de la independencia. Pero también habría que saber los métodos que el gobierno vasco está dispuesto a aceptar para derrotar a la banda. Puede que se hayan cometido errores, pero también hay que reconocer que sólo se acaba con una organización delictiva estrangulando sus fuentes de financiación y su aparato de captación. Detener tan sólo al que aprieta el gatillo –única actuación que el ejecutivo no condena- es insuficiente. Por eso la declaración en la que se sitúa en un impoluto equilibrio entre la ignominia de ETA y la del estado español resulta inaceptable.

Ayer Ibarretxe pidió la legalización de Batasuna. Hoy, tras el comunicado de ETA, toca repulsa y condena. Mañana veremos… Si se quiere ir más allá de una lucha meramente declarativa contra ETA, podría empezarse por promover la convivencia como valor superior a la independencia, suavizar las posturas frentistas y arrinconar la retórica bélica que subyace en muchos discursos. Porque la escenificación de una guerra acaba produciendo soldados.


Antonio Altarriba
16 de diciembre de 2007